El pleno del Senado dió luz verde este jueves, con la mayoría del Grupo
Parlamentario Popular y el rechazo del resto de los grupos a la Ley de
Evaluación Ambiental, que también incluyó durante su trámite en el Congreso el
Memorandum del Tajo, que incluye el trasvase del Tajo al Segura. El texto será
remitido de nuevo a la Cámara Baja para su aprobación definitiva el próximo 28
de noviembre.
Los 'populares' también han rechazado seis vetos al proyecto, del grupo
Mixto, PSOE, Entesa por Progres de Cataluña, CiU, que han sido rechazados.
Además, también ha contado con una docena de votos particulares y un total de
453 enmiendas.
No obstante, el Senado sí ha incorporado dos enmiendas de CiU
transaccionadas por el PP, que recogen cuestiones técnicas. Una de ellas
autoriza a la Administración central y también a las comunidades autónomas a
eximir de evaluación de impacto ambiental a determinados proyectos en aras de
la seguridad general, como por ejemplo los centros penitenciarios, o cuando se
trate de cuestiones de obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas
a consecuencia de acontecimientos catastróficas o bien por obras de emergencia.
La segunda detalla que, además del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, las administraciones autonómicas podrán crear los bancos de
conservación de la naturaleza así como otorgar títulos ambientales o créditos
de conservación.
El texto recoge el Memorandum del Tajo por el que "en función de las
existencias conjuntas" en Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), a
principios de cada mes se decidirán trasvases con un máximo anual total de
hasta 650 hectómetros cúbicos (hm3) en cada año hidrológico.
De este modo, los volúmenes de agua determinantes de la regla de
explotación del trasvase Tajo-Segura se actualizarán por medio de decreto, con
el objetivo de adecuar "de forma flexible" las magnitudes a las
variaciones hidrológicas observadas en los últimos años y contar con
instrumentos "ágiles" para adaptarse a los posibles efectos de
alteración hidrológica, como los inducidos por el cambio climático.
Durante su tramitación en la Cámara Alta, los senadores de todos los grupos
han criticado que la norma se haya tramitado por el procedimiento de urgencia,
en un momento en el que se está modificando la Directiva de Evaluación
Ambiental en la Unión Europea, lo que obligará al Gobierno a modificar la nueva
ley en el plazo de dos años.
Además, han criticado la falta de rigurosidad en la evaluación de impacto
ambiental que propone la nueva ley en aras de favorecer simplificar y agilizar
los procedimientos, algo que puede conllevar beneficios para intereses
económicos.
Finalmente, entre las principales críticas los grupos han incidido en la
inclusión del trasvase del Tajo-Segura en la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental, sin que figure en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo ni se
haya podido someter a informe de distintas entidades del Estado.
Fuente: www.europapress.es
