La Comisión de Medio Ambiente del Congreso, aprobará este miércoles con
competencia legislativa plena y, por lo tanto, enviará al Senado el proyecto de
Ley de Evaluación Ambiental que incluye, entre otros puntos, el nuevo pacto
sobre el Tajo, denominado 'Memorandum del Tajo', adoptado recientemente entre
el Gobierno y cinco comunidades autónomas.
Esta normativa plantea también que los estudios de impacto ambiental
incorporen expresamente la peligrosidad sísmica e inducida, para evitar casos
como el del proyecto Castor, con más de 300 temblores registrados a
consecuencia de su actividad.
Según el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, la normativa entrará en
vigor en la Administración General del Estado "inmediatamente",
mientras que las comunidades autónomas tendrán un plazo de un año para
adoptarla.
La Ley de Evaluación Ambiental recogerá el nuevo acuerdo sobre el Tajo por
el que a principios de cada mes se decidirán trasvases con un máximo anual
total de hasta 650 hectómetros cúbicos (hm3) en cada año
hidrológico.
El proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, pretende unificar las leyes de
evaluación ambiental estratégica y la de evaluación de impacto ambiental, con
el objetivo de reforzar la protección medioambiental en España, así como de
incrementar la participación de todos los agentes económicos y sociales en los
procedimientos de evaluación ambiental, simplificar los trámites e incrementar
la seguridad jurídica, ante la variada legislación
autonómica.
En la defensa de esta ley, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, ha subrayado que establece un modelo básico de evaluación ambiental
para homogeneizar la normativa en esta materia.
La Ley establece a su vez una evaluación obligatoria de los proyectos
consistentes en la realización de perforaciones para la exploración,
investigación y explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de
técnicas de fracturación hidráulica, el denominado 'fracking', según ha
relatado.
Entre las novedades, ha destacado también la toma en consideración del
cambio climático en las evaluaciones ambientales.
Asimismo, ha indicado que se sancionará el denominado 'bunkering' con hasta
100.000 euros y se tipificará como infracción grave la prestación de servicios
de suministro de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque, o
los vertidos de materiales para rellenos no permitidos en aguas comprendidas en
los espacios naturales protegidos y en los espacios de la 'Red Natura 2000'.
Fuente: Fuente: www.europapress.es
